Cómo el fallo por la represión del 2001 expone la debilidad del juicio a CFK

La vicepresidenta cierra el alegato de defensa en el marco del juicio por presunto redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. 

23 de septiembre, 2022 | 12.58

A modo de defensa y como ejemplo, la vicepresidenta Cristina Kirchner leyó el fallo a favor del fallecido ex presidente Fernando De la Rúa sobre la represión ocurrida en diciembre de 2001, en el que lo eximían de culpa por lo sucedido.

Durante su alocución recordó lo sucedido más de 20 años tras atrás: "Vamos a ir a un hecho muy cercano y vinculado con la llegada de Néstor Kirchner al poder y es la crisis de 2001. En ese momento se habían quedado con los ahorros de los argentinos en los bancos, pero muchos jóvenes de 20 años, 23 años, eran bebés y no se acuerdan de ello. Yo estaba sentada en el recinto el día 19 de diciembre de 2001, cuando entra un senador y dice 'están cagando a palos a las madres en Plaza de Mayo".

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"Hubo una gran conmoción, la gente estaba en la calle y el día 19 a la noche a las 22 horas ingresa al Senado el dictado del decreto 1678 de 19 de diciembre de 2001, firmado por De La Rúa que dice: 'Chrystian Gabriel Colombo, jefe de Gabinete; Ramón Bautista Mestre, ministro del Interior: 'Declárase el Estado de Sitio en todo el territorio de la nación Argentina por el plazo de 30 días'. Con lo cual,  haciendo uso de un derecho constitucional, el doctor De la Rúa firma el DNU", leyó Cristina Fernández.

Y agregó: "¿Qué pasa cuando un Presidente asume la responsabilidad de suspender las garantías constitucionales y firmar el Estado de sitio? Dice la constitución que 'no podrá el presidente de la República condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación si ellas no prefirieran salir del territorio argentino'". 

Así, la Vicepresidenta ratificó que "en esas jornadas murió mucha gente, más de 30, pero hubo juicios que se tramitaron en el Juzgado de Bonadío. En ese proceso de investigaron se investigaron los homicidios de Alberto Marques, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamaña, y la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti. También se investigaron lesiones de distinto grados convertidas en perjuicio de 117 victimas. En el juicio De la Rúa había sido denunciado por las familias, organismos de derechos humanos y el CELS. Vamos a qué pasó con estas responsabilidades: El juez Bonadío sobreseyó a De la Rúa. Los jueces Irurzum y Farah,  que actualmente son miembros, resolvieron sobreseer a De la Rúa por el delito de homicidio culposo".

En sentido leyó del fallo absolutorio lo siguiente: "Con fundamentos en lo dicho hasta aquí no cabe a nuestro juicio que De la Rua haya contado mientras ocurrían los incidentes - que era una masacre la plaza, agregó la dirigenta - con datos certeros y directos sobre un peligro surgido como consecuencia de todos los funcionarios que estaban debajo suyo y tenían injerencia".  

Es decir, el presidente Fernando de la Rúa podía no saber lo que ocurrió dichas jornadas en 2001 a metros de Casa Rosada, pero la entonces presidenta Cristina Fernández debía saber, de manera precisa y detallada, todas las obras públicas que se realizaban en el país y, en este caso, las de la provincia de Santa Cruz. Es por ello que ejemplificó con lo sucedido hace más de dos décadas.

"¿En serio?", se preguntó Fernández y recordó que "los canales estaban en vivo transmitiendo lo que pasaba, y eso sucedía en la plaza de Mayo, al menos deben haber escuchado los gritos, ¿no miraban por la ventana lo que pasaba?". Con ese hecho comparó su acusación: "Resulta que Luciani dijo que yo no podía no saber lo que pasaba en la provincia de Santa Cruz".

La vicepresidenta realizó dichas declaraciones en la tercera jornada del alegato de su defensa en el marco del juicio de Vialidad, por presunto redireccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Su abogado, Carlos Beraldi, comenzó a las 9:30 y luego cedió la palabra a la ex presidenta, quien respondió al pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que formularon los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. 

Además dijo que "me fue negado el derecho a ejercer la defensa cuando hubo una improcedente y arbitraria ampliación de pruebas por parte de los fiscales". 

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