Confiar en esta Justicia, favorecer su politización: ¿Tiene sentido?

18 de junio, 2021 | 05.00

La acción política opositora de Juntos por el Cambio se funda en la injuria, la mentira sistemática y el agravio personal para sostener un relato descalificante del Gobierno, sus funcionarios y partidarios, imputándoles corrupciones y prebendas espurias. Ni el menor rubor exhiben siendo conscientes de sus falaces acusaciones, nada entonces puede esperarse de esa clase de dirigencia en aras a una razonable convivencia democrática.  

La insaciable vocación desestabilizadora

Primero era que la plaga no existía, después que sus efectos -incluso fatales- no excederían de los de otras tantas enfermedades, luego que las vacunas no eran necesarias o, peor aún, eran dañinas, hasta formaban parte de un plan de envenenamiento de la población.

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Una de esas vacunas, la Sputnik V, era tildada de “rusa” y ello daba lugar a cualquier disparate, como pasó posteriormente con la Sinopharm denostada como “china”. Hasta que, probada la indiscutible eficacia de ambas, comenzó a especularse con la insuficiente cantidad de dosis recibidas.

A pesar de la apertura temprana de la Argentina a la concertación de contratos con diferentes laboratorios, para asegurarse la mayor cantidad de vacunas y haber quedado a la vista sus resultados positivos por la mera comparación del lugar que ocupa nuestro país en la distribución mundial, las críticas se mantienen sin tomar nota de ninguna de esas circunstancias.

Finalmente, aunque pareciera que era lo que estaba desde el principio en el ánimo -y móvil- de los opositores sistemáticos, la campaña de vacunación que propician tiene dueño: “Pfizer”.

Las quejas entonces, que repiten a coro junto a sus complacientes difusores mediáticos, se centran en no haber suscripto un convenio para adquirir esa vacuna y llegan al dislate -como el radical Mario Negri- de reclamar por darle participación a ese laboratorio en la redacción -y/o la reforma- de la ley que regule las responsabilidades emergentes de eventuales efectos nocivos o negligencias atribuibles a los proveedores.

Como no podía ser de otra manera, si de extremar los ánimos se trata, apareció en escena la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y con total ligereza -sin contar ni señalar prueba alguna que le brindara sustento- adjudicó el fracaso de una contratación con Pfizer a requerimientos de “retornos” e “intermediaciones” lucrativas del Gobierno Nacional (cuyos responsables serían el ex Ministro de Salud y el Presidente Fernández).

Denuncia informal -pero de previsible impacto mediático- realizada en ocasión de ser entrevistada por un periodista amigo, experto en esos menesteres; que fue desmentida en un comunicado difundido por ese laboratorio y, también, por su Gerente General (Nicolás Vaquer) ante la Cámara de Diputados de la Nación, quien negó algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones para la compra de vacunas contra el Covid-19.

El daño, igualmente, ya estaba generado y el efecto buscado en la opinión pública también se había concretado.

Crónica de un final anunciado

Entendiendo que se había traspasado el límite de lo tolerable, el presidente Alberto Fernández anunció que demandaría judicialmente a Bullrich por daños contra el honor y por sus manifestaciones difamatorias.

Claro que a ese fin es obligatorio transitar por una instancia previa, prejudicial (Ley 26.589 de Mediación y Conciliación), que ya tiene fijada una primera audiencia para el próximo viernes 18 de junio de 2021, la que se realizará por Zoom como es de práctica con motivo de la pandemia.

Según su abogado, Gregorio Dalbón, Fernández insistió en asistir personalmente a esa audiencia a pesar de que podía ser representado por su letrado apoderado y será él quien se encargará de contar, una vez finalizada, qué sucedió en la mediación. Cuestión esta última de difícil concreción, en virtud del compromiso de confidencialidad impuesto legalmente.

Hay dos cosas que están claras, por haberlas anticipado los protagonistas de la contienda. Que Patricia Bullrich no se retractará de sus dichos y que el Presidente seguirá adelante con la acción judicial por entender inconciliable el conflicto que aquélla suscitara. En palabras de Dalbón: “El Presidente no quiere dejar de estar porque no quiere dejar pasar la gravedad institucional de lo que ocurrió y quiere pasar a lo que va a seguir, que es la interposición de una demanda, para que no sea gratuito lo que están haciendo porque sino esto se va a naturalizar y a través de la mentira se va a hacer política, cuando la política debería ser una construcción para cambiarle la vida a la gente.”

La Justicia lenta no es justicia

Si la interpretación del abogado del Presidente es correcta, en orden a las motivaciones formuladas, realmente constituye una pérdida de tiempo y de energía sin ningún destino.

Que para Bullrich será gratuito, en lo económico, no pueden caber dudas. Porque si llegara a ser condenada a pagar alguna indemnización, seguramente será sufragada por alguna de las agencias o terminales a las que responde. En otro orden, ético o de imagen frente a la opinión pública, difícilmente le provocará alguna mella como se desprende del largo y sinuoso recorrido político por todos conocido. 

Que pueda servir para evitar que a través de la mentira se vaya a hacer política, sería de una ingenuidad absoluta que cuesta creer pueda pensarse de un hombre tan fogueado en estas lides como Alberto Fernández.

Que un juicio semejante impida que se naturalicen prácticas de esa índole, lo desmienten miles de actos y episodios protagonizados por integrantes de esa fuerza política tanto en ejercicio del gobierno como, sistemáticamente, en su condición de opositores. Las Carrió, Ocaña, Vidal, Macri, Iglesias, Rodríguez Larreta, Lombardi, por sólo tomar algunos ejemplos, florecen y son simiente en ese campo de batalla antidemocrático.

Pero más allá de esas consideraciones de fondo, estamos hablando de llevar a la “Justicia” en Argentina esa controversia a la que, supuestamente, pondría fin una sentencia ejemplificadora. ¿Cuándo? Aún si prescindiéramos de que se va de visitante a un ámbito poco amigable seriamente desprestigiado, como es el Poder Judicial, con suerte el proceso agotaría todas sus instancias en cuatro o cinco años.

Se dice que una justicia lenta no es Justicia, como a diario lo comprueban quienes transitan habitualmente los tribunales, pero en casos como éste no será justicia ni será nada aún prosperando la demanda cuando ya nadie se acuerde de lo ocurrido y, esperemos, sólo quede un mal recuerdo de la peste que padecemos.

¿A quién le sirve?

Si Patricia Bullrich se atrevió a defender homicidios -por la espalda- y otros tantos desmanes de las fuerzas de seguridad que condujera como Ministra de Macri, poco le costará sostener las falsas acusaciones que, según sus propias palabras, la desmentida de Pfizer no echaba por tierra.

Qué decir entonces de la panzada que se darán los medios de comunicación hegemónicos, presentándola como víctima de persecuciones judiciales por sus “valientes denuncias”, como ya se está viendo que hacen defendiendo a funcionarios del anterior gobierno comprometidos hasta las verijas en causas penales por delitos gravísimos o asignándole la calidad de exiliados políticos a los que se fugaron del país eludiendo las citaciones judiciales en esos procesos.

A diferencia de la previsible morosidad judicial en la demanda civil, esos otros emergentes son inmediatos y sumamente redituables en la actualidad, brindándole a la Presidenta del PRO múltiples vidrieras para hacer campaña en un año electoral y demostrarse como una indoblegable antagonista del “populismo” que otrora la cobijara.

Visto desde esa perspectiva, efectivamente, no será “gratis”. Le deparará enormes ganancias para su posicionamiento en el Partido y la Alianza a los que pertenece, así como sumará solícitos aportantes para financiar su postulación en las próximas elecciones.

Margaritas a los chanchos

Todos los días se descubren embustes, se propagan falsedades, se sostienen posturas o se reivindican conductas de opositores que no resisten archivos de los que abundan gracias a las tecnologías existentes.

Quienes fundieron al país con el mayor endeudamiento externo que registra la Argentina en tan breve lapso, multiplicaron la pobreza y la desocupación, llevaron al quebranto a miles de Pymes, se animan -sin que se le mueva un músculo de la cara- a dar “cátedra” acerca de las medidas económicas y financieras que “exige la hora”.

Propiciar otra forma de hacer política, combatir la mentira como modo de ganar voluntades o de confundir a la ciudadanía en materias tan sensibles como las que conciernen a la salud pública para obtener réditos electorales, son claramente encomiables.

Sin embargo, se trata de una disputa que corresponde al terreno de la política, no al ámbito judicial cuya politización tanto daño ha causado y sigue provocando como se advierte en la inconcebible existencia de presos políticos, condenados en procesos plagados de irregularidades e impulsados por personajes siniestros que siguen desempeñándose en el Ministerio Público Fiscal.

Es imposible pensar en hacer docencia sobre ética política con quienes se muestran como claros enemigos de la democracia, enrolados en acciones desestabilizadoras y promotores del odio, tampoco es esperable conmover en aquel mismo sentido a sus fanáticos seguidores, ni será precisamente la Justicia una aliada en empresa semejante.

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Álvaro Ruiz

Abogado laboralista, profesor titular de derecho del Trabajo de Grado y Posgrado (UBA, UNLZ y UMSA). Autor de numerosos libros y publicaciones nacionales e internacionales. Columnista en medios de comunicación nacionales. Apasionado futbolero y destacado mediocampista.

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